Un duro castigo ha caído sobre el gigante de las telecomunicaciones en España tras haber sondeado y constatado múltiples fallas que ponen en riesgo la salud financiera de sus usuarios
No parece ser el mejor momento de todos para Vodafone que a la caída masiva de clientes en temas de contratación postpago, se le suma ahora la multa que le ha impuesto la Agencia Española de Protección de Datos. Son en total 3,94 millones de euros, por poner en riesgo la integridad de las personas al no cumplir con los protocolos de cuidado de la identidad como manifiesta el acuerdo y las bases regulatorias en el país.
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Vodafone es la más afectada de varias de las más gigantes, pues la cifra en términos globales asciende a 5,81 millones como queda declarado en su último boletín de sanciones. allí también ingresan Telefónica, MásMóvil y Orange aunque en una medida bastante menor, teniendo en cuenta las inconsistencias que han dejado muy mal parada a Vodafone respecto al resto. El término oficial es por incumplir el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que pone en riesgo directo a sus suscriptores respecto a la confidencialidad e integridad tras enormes y masivas denuncias alojadas en el año 2019.
Mientras a Telefónica le han impuesto una multa de 900.000 euros, a Orange, 770.000; y MásMóvil, 200.000. Para los encargados de la aclaración este tema es considerado improcedente y se apegan a sus leyes para profundizarlo. Como consecuencia los datos de las personas iban a parar a un tercero, que adquiría una SIM que tenía sus datos y a través de ellos accedían a información financiera para realizar transacciones fraudulentas.
El agravante y la respuesta definitiva de Vodafone respecto a este enorme inconveniente
Muchos se preguntarán, ¿Por qué Vodafone se lleva el gran castigo?, y esto es muy sencillo, es porque ellos a diferencia del resto ha incurrido en un término denominado negligencia. Han recibido las quejas y solo han operado tras la acusación del proceso. Lo que ha hecho que se pierda tiempo valioso y desde luego se cree un ambiente insano al respecto. Las medidas correctoras jamás llegaron y las vulnerabilidades seguían imperando al punto que se cayó todo por su propio peso.
Pero una vez elevada la sanción han salido en defensa sus encargados. Lo primero es que han dicho que el tema es desproporcionado, ya que la carga se ha ido del lado de ellos de una forma inexplicable. Lo segundo, lo han catalogado como improcedente, ya que aseguran que los vínculos de seguridad son responsabilidad única y exclusiva de las entidades bancarias. Se requiere de una obtención previa, mediante el método que sea de las claves y los accesos para realizar los hurtos. Así que esto sigue en investigación, y habrá que esperar al último comunicado.
