Realizando un ajuste drástico marca una tendencia al alza que activa alarmas en 12 comunidades autónomas en todo el país
Durante el gobierno de Pedro Sánchez se han activado una serie de ajustes porcentuales a tenor del salario mínimo en el país que están llamando mucho la atención de los marcos financieros. Existe una regulación que marca la línea de frontera en torno al salario mínimo interprofesional del 60% de las ganancias producto de sueldos promedio en todo el territorio. Tema que se ha roto con la elevación llegando a los 14.000 euros, pagados en 14 nóminas que estabilizan los ingresos en promedio de 1.000 euros por cabeza.
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Para matizar un poco y entrar en contexto, esos 1.000 euros es ya superior al salario promedio en diez de las autonomías que rigen este campo. Desde luego que esto afecta por el llamado a la cordialidad con el sector empresarial, que ya vio en el año 2019 con la elevación por encima del 20% la pérdida entre 100.000 y 180.000 plazas de empleo. Un escenario poco favorable para quiénes son emisarios de nuevas vacantes y que pretenden competir en un escenario complejo que con las nuevas medidas de la banca, hacienda y la seguridad social se va haciendo cada vez más denso.
Y si creían que eso iba a ser todo, hay mucho más. Durante el periodo de este 2022, el Ejecutivo tiene pensado lanzar otro ajuste adicional, que se extiende hasta los 1.049 euros netos por pago que ya no salpica a diez territorios autónomos, implica a 12 en total. Ese empeño del presidente tiene un efecto ya marcado, pero él se ha comprometido con el sector trabajador, y generando estos aumentos al SMI busca satisfacer el mínimo vital que se sabe ha sido afectado por la ola de contagios y la para por la pandemia de la COVID-19.
La lista de las comunidades que respetan el acuerdo se reduce a solo 5
País Vasco, Madrid, Navarra, Cataluña y Asturias son así las únicas que a día de hoy respetan la retribución del 60%, y van en el marco legal ajustando detalles para garantizar las medidas convenientes. La otra cara de la moneda la exponen Extremadura y Canarias, que llegan al 70% de ese valor, y dejan una enseñanza poco positiva al respecto. Es ese compromiso por mejorar a los empleados los que les ha llevado a tirar de la guerra con las empresas.
Desde luego que no han parado de llover las respuestas a este fenómeno, denominándolo como una falta de perspectiva. Se pierde la orientación acerca del panorama real económico del país, y mucho peor cuando ya se considera que van a existir más ajustes que ponen en jaque la línea productiva. Como en 2019 se espera que de entrar en vigencia las respuestas sean contraproducentes y se afectado el sector productivo en un corto periodo de tiempo.
