El dinero digital llega a los paraísos fiscales: las Islas Caimán

El Ministerio de Servicios Financieros ha implementado una nueva legislación para atraer a entidades que operen con criptomonedas

Cada vez son más los países que comienzan a aceptar el dinero digital. Ahora ha llegado el turno de las Islas Caimán, que se va a convertir en un nuevo paraíso fiscal para las entidades de criptomonedas. Para ello, van a implementar una nueva legislación que ya ha entrado en vigor.

Ha sido el Ministerio de Servicios Financieros de las Islas Caimán quien ha implementado esta nueva legislación. Una legislación que ya está en marcha desde el pasado día 28 de octubre y que estará compuesta de dos etapas para velar por la seguridad de la economía del país.

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Las Islas Caimán aprueban una nueva legislación para atraer a entidades de criptomonedas

Nueva legislación en las Islas Caimán

Según la nueva legislación de las Islas Caimán, la fase uno, la cual ya está en marcha, tratará de supervisar y hacer cumplir las medidas de seguridad contra la financiación al terrorismo y el lavado de dinero. Tras esto, el próximo año 2021 entrará en vigor la segunda fase.

Una fase dos que incluirá una serie de requisitos obligatorios de licencia y supervisión. De este modo, y según ha indicado el propio Ministerio de Servicios Financieros, todos los activos virtuales que ya se encuentren en el país o que quieran estar tendrán que registrarse en la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán.

Las Islas Caimán, nuevo paraíso fiscal para el dinero digital

Asimismo, el Ministerio de Servicios Financieros de las Islas Caimán también ha declarado que el objetivo de esta nueva legislación es atraer nuevas entidades de criptomonedas. Y es que las licencias otorgadas por el país tendrán un precio comprendido entre 850 y 13.000 euros.

Eso sí, la nueva legislación también obligará a las entidades de dinero digital a proporcionar datos sobre el emisor y el receptor de las criptomonedas. Unas medidas adoptadas por el Ministerio de Servicios Financieros para impedir el lavado del dinero y la financiación al terrorismo.

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