Cambios en la ley de vivienda
La nueva ley de vivienda, aprobada el 27 de abril, introduce cambios significativos en aspectos como la actualización del precio del alquiler, la definición de zonas tensionadas y el pago de honorarios a inmobiliarias. Además, establece penalizaciones económicas para los propietarios de viviendas vacías con el objetivo de fomentar su salida al mercado.
La nueva normativa, fruto del acuerdo entre el Gobierno de coalición, EH Bildu y ERC, contempla cambios respecto al proyecto inicial de 2022. Entre ellos, se incluye la ampliación de los topes para la actualización del precio del alquiler, una nueva definición de lo que se considera una zona tensionada y cambios en el pago de los honorarios a las inmobiliarias.
Penalizaciones económicas para viviendas vacías
La ley ofrece a los Ayuntamientos la opción de establecer penalizaciones económicas a aquellos propietarios que mantengan sus inmuebles vacíos. Sin embargo, esta decisión será competencia municipal. Los consistorios municipales podrán aplicar un recargo en el IBI de hasta el 150% en casos de viviendas vacías.
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Según el portal inmobiliario Idealista, se considerará vivienda vacía aquella que permanezca desocupada de manera continuada por un plazo superior a dos años, salvo en determinados casos justificados, y siempre que el arrendador sea titular de cuatro o más inmuebles. La situación de desocupación se declarará mediante un procedimiento administrativo con audiencia del contribuyente. Los Ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% para las viviendas vacías durante dos años y del 100% si llevan más de tres años desocupadas.
Recargo del 150% en casos especiales
La nueva normativa contempla que el recargo pueda alcanzar el 150% si las viviendas vacías pertenecen a propietarios que tengan dos o más inmuebles residenciales en un mismo término municipal. De esta forma la nueva ley de vivienda introduce cambios importantes en aspectos como la actualización del precio del alquiler, la definición de zonas tensionadas y el pago de honorarios a inmobiliarias.
Además, establece penalizaciones económicas para los propietarios de viviendas vacías, con el fin de impulsar su salida al mercado. Los Ayuntamientos tendrán la capacidad de aplicar recargos en el IBI de hasta el 150% en casos de viviendas vacías, dependiendo de la duración de la desocupación y del número de inmuebles que posea el propietario en el mismo término municipal.
