Las burradas económicas de Ramón Tamames

El economista Ramón Tamames ha sorprendido al pedir un recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público, una medida que, de llevarse a cabo, podría causar una depresión económica de gran envergadura.

En su alocución en el debate de moción de censura contra el presidente Sánchez, esta propuesta radical de Ramón Tamames ha generado polémica y comparaciones con la situación vivida en Grecia hace 15 años. En este artículo, analizaremos las implicaciones de la propuesta de Tamames y el contexto en el que se enmarca.

Un recorte sin precedentes

La solicitud de Tamames de reducir el gasto público en 60.000 millones de euros es una medida sin precedentes en la historia económica reciente. Ni siquiera en Grecia, donde se aplicaron duros recortes durante la crisis financiera, se llegó a plantear una medida de tal magnitud. En aquel momento, Grecia realizó recortes equivalentes al 2,5% de su PIB en pensiones, mientras que la propuesta de Tamames equivaldría al 6% del PIB español.

El contexto político: el IEE y la CEOE

La cifra propuesta por Tamames no es casualidad. Se corresponde con los 60.000 millones de euros de «gasto superfluo» estimado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). Partidos políticos como el PP y VOX han respaldado esta propuesta de recorte en diversas ocasiones, como se puede comprobar en la hemeroteca.

Ramon Tamames en el Congreso

Las consecuencias económicas de un recorte drástico

Un recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público tendría graves consecuencias para la economía española. En primer lugar, la disminución de la inversión pública en áreas como infraestructuras, sanidad, educación o investigación podría lastrar el crecimiento económico a largo plazo.

Además, un recorte tan drástico en el gasto público podría generar un aumento del desempleo y una disminución de la demanda interna, lo que a su vez provocaría una contracción de la economía y una posible depresión económica.

Por otro lado, la reducción del gasto en servicios públicos esenciales podría tener un impacto negativo en la calidad de vida de la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

La viabilidad política de la propuesta

Dado el impacto económico y social que tendría un recorte de 60.000 millones de euros en el gasto público, es poco probable que una medida de este calibre cuente con suficiente respaldo político para ser implementada. Además, en el contexto actual de recuperación económica tras la pandemia de COVID-19, los esfuerzos de los gobiernos se centran en impulsar el crecimiento y la creación de empleo, lo que dificulta aún más la adopción de medidas de austeridad extremas.

Amancio Ortega patrimonio