El futuro de la ley de vivienda y sus consecuencias para los propietarios
La ley de vivienda está avanzando en su tramitación en el Senado. Está previsto que se presente ante el pleno de la Cámara Alta el próximo 17 de mayo sin modificaciones, con la intención de que sea aprobada antes de las elecciones del 28-M. La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) denuncia que la futura norma limita los derechos de los propietarios en varios ámbitos, lo que tendrá un «efecto negativo sobre el mercado, destruyendo oferta y aumentando los precios».
La ley, según se argumenta, infringe la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Se considera perjudicial para el derecho a la intimidad de los arrendadores cuando obliga a los intermediarios a proporcionar los datos identificativos del propietario, incluso antes de que se formalicen los alquileres mediante una reserva (como se establece en el artículo 31 del Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda).
Reducción de la deducción fiscal y la carga financiera para los propietarios
La deducción fiscal que actualmente tienen los propietarios en el IRPF, del 60% de los rendimientos netos positivos del alquiler, se reduce con la nueva ley al 50%. Según José Ramón Zurdo, director general de ANA, «Esta parece una medida proyectada para infligir más coste a los arrendadores que no acepten bajar sus rentas, o a los arrendadores de las Comunidades Autónomas que no declaren sus zonas como tensionadas».
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Los propietarios tendrán que cumplir con una serie de requisitos para poder alquilar las viviendas, como: obtener la cédula de habitabilidad, tener los planos de las viviendas y de su ubicación. Además, deberán tener las instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones, información acerca de la detección de amianto o de otras sustancias tóxicas, peligrosas o nocivas, así como información y planos sobre la superficie útil y construida de las viviendas.
Aumento del tiempo y del coste para recuperar la vivienda
La nueva ley incrementa la burocracia para los propietarios en los procedimientos de desahucio, ralentizando el tiempo para la recuperación de las viviendas. Un problema que ya era perjudicial para los propietarios, y que ahora se intensifica. Así mismo, se ralentizan los procedimientos para desalojar a los okupas con más trámites y costes.
Los arrendadores particulares (con menos de cinco viviendas) tendrán que pagar y solicitar del Registro de la propiedad una certificación que acredite los inmuebles que tienen. Los arrendadores particulares, «aunque parezca inaudito», dice ANA, tendrán que acreditar que el domicilio habitual de los okupas está en la vivienda ocupada.
