Una exposición de la mandataria tiene en plena discusión a diversos grupos empresariales de acuerdo con las cifras que se tratan en este proyecto
Se ha puesto en marcha uno de los proyectos más ambiciosos en la administración Ayuso desde que tiene el control en las decisiones dentro de la comunidad de Madrid. Denominada ‘La casa de la justicia’, es una puerta para que se cree un centro especializado de grandes proporciones donde va a operar la regulación en la comunidad. Pero el problema no es el proyecto como tal, son las cifras arrojadas que para muchos hacen referencia a exabruptos que no se pueden conceder en este instante.
La ciudad de la justicia tendrá un total de 375.000 metros cuadrados de construcción que albergará un margen de 18 edificios con un sesgo absoluto de 28 sedes. El proyecto impulsa la viabilidad de otorgarlo a una concesión que recibirá por año una suma de 50 millones de euros, en un plazo de 40 años. Sumar esa cantidad de dinero escandaliza, pero la administración pública parece tener la respuesta para justificar este tema en varios puntos.
Por eso Isabel Díaz Ayuso ha sacado las cuentas anuales y ha enfatizado en el ahorro que esto conecta. Más de 20 millones de euros por ejercicio, ya que actualmente la comunidad desembolsa unos 70 millones para cumplir con esta dependencia. Ahí ya tiene el primer punto, y luego se ha esforzado en definir que los 507 millones de la construcción saldrán de las arcas de la compañía que gane la concesión, con un punto adicional y es que los gastos operativos saldrán de esa misma fuente. Gastos de energía, cánones, vigilancia, correo y hasta los archivos desde el momento en el que se ponga en marcha.
Con el dinero ahorrado la comunidad de Madrid espera cumplir con otras tareas en la comunidad
Esos 20 millones de euros explicados de otra manera, servirían en teoría para construir hasta 7 colegios para el servicio de la comunidad unja vez cada año. Y como afirma Enrique López, responsable de presidencia, justicia e interior de la comunidad, es una apuesta por la estabilidad financiera. Además que a largo plazo pasaría a ser potestad de la comunidad a diferencia de lo que sucede ahora lo que incrementaría las edificaciones a nombre de la misma.
Su construcción empezaría a rodar en el año 2023 y la obra duraría en torno a los tres años regulares. En cuanto al desembolso estiman que se extienda entre 36 y 37 años a lo sumo. Y se lograría en términos de extensión un incremento del 65% de superficie. Importantísimo avance en medio de una profunda crisis.
