Los involucrados son el emérito Juan Carlos y Sofía después de la abdicación de 2014
El caso de las tarjetas black ha causado un verdadero nuevo revuelo a causa de la Casa Real. En concreto, por el uso de estas opacas en las que ahora están envueltos tres personalidades de la Familia Real: el rey emérito (y exiliado) Juan Carlos, Sofía y a varios de sus familiares.
En ello, la Fiscalía Anticorrupción se ha puesto en marcha para investigar los gastos de varias tarjetas de crédito que usaban el rey Juan Carlos de Borbón, la reina Sofía de Grecia, y entre otros, algunos de sus nietos. Son tarjetas que se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares.
Estas tarjetas black se abonaban desde una cuenta en la que ni el rey emérito ni su familia aparecen como titulares
Esta es una de las ultimas informaciones al respecto, bien cabe decir luego de todo el escabroso problema de la Casa Real con el emérito Juan Carlos. En ello, las tarjetas black fueron utilizada durante los años 2016, 2017 y 2018. O lo que es lo mismo: dos, tres y cuatro años después de que se produjera la abdicación del rey Juan Carlos,
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Por lo que estos movimientos financieros, si fueran ilegales, no estarían amparados por la inviolabilidad que la Constitución otorgaba a D. Juan Carlos hasta 2014. Lo que se estudia es que no son solo los movimientos de las tarjetas black sino la procedencia de ese dinero.
La suma de estas operaciones por tarejtas black es superior a los 120.000 euros
Son fondos procedentes del extranjero. La suma es superior a los 120.000 euros en un solo ejercicio, por lo que podría haber indicios de un presunto delito fiscal. Sofía, en lugar, cobra una asignación de dinero público la Casa Real que asciende a 111.854 euros anuales.
Mientras Al rey emérito le fue retirada la asignación el pasado mes de marzo, cuando trascendió que supuestamente tenía una fortuna en cuentas de paraísos fiscales. En ello, las tarjetas Black tienen la diferencia con el resto de que con ellas nadie declaraba los gastos a Hacienda, ni la entidad bancaria, ni sus beneficiarios. La justicia española ha remitido comisiones rogatorias a diferentes países para rastrear la procedencia de esos fondos.
