El big data entra en el fisco que quiere conseguir reducir a cero las irregularidades en las fechas de alta y baja de la caja única
El Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz aumentará la presión sobre las empresas y prevé intensificar la búsqueda de infracciones mediante el uso de algoritmos y big data, tal como adelantó LPO. Una fórmula que tendrá por objetivo acabar con una de las prácticas más extendidas en el mundo laboral: el fraude a la Seguridad Social, sancionado con hasta 10.000 euros por trabajador, y el retraso en el alta de trabajadores al sistema de cotización.
La nueva normativa, cuyo primer paso se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, también elevará la cuantía de las sanciones para devolverles el carácter «disuasorio», aunque el nuevo sistema de detección del fraude también prevé incrementar sustancialmente la labor recaudadora del departamento que dirige Yolanda Díaz gracias a los algoritmos, que detectarán infracciones hasta ahora pasadas por alto.
El sistema de «automatizar las sanciones» para que el sistema informático expida de oficio actas sancionadoras ha rebelado a los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que dudan de la seguridad jurídica de la medida para los usuarios, además de la merma en la labor de los inspectores y subinspectores, cuyo trabajo podría verse reconvertido en tareas de supervisión y firma de actas emitidas por el sistema.
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Cada año se producen «miles y miles» retrasos que se dejaban pasar debido a su elevado volumen y que pasarán a sancionarse de forma automática
Desde el Ministerio tratan de rebajar la tensión y adelantan que el funcionamiento de este nuevo método, aún por implementar, será parecido al que ya maneja Hacienda para, por ejemplo, volcar los datos de la Declaración de la Renta. Aseguran que los procesos complejos seguirán estando en manos de los funcionarios, y que el ámbito de estos robots estará limitado a algunos ámbitos en los que no se requiere actuación comprobatorias ni visitas de los inspectores a los lugares de trabajo.
Así, uno de los campos que señalan más nítidamente serán los casos en que la empresa llegue tarde en la entrega de documentación y presente fuera de plazo las altas en la Seguridad Social. Algo que hasta ahora no se sancionaba habitualmente porque requería la revisión de un funcionario y es una infracción muy habitual; tanto es así que, señalan desde el Departamento de Yolanda Díaz, cada año se producen «miles y miles» retrasos que hasta ahora no se sancionaban debido a su volumen y que pasarán a detectarse de forma automática, pudiendo imponer las sanciones correspondientes. «No es de recibo tener a inspectores viendo datos de si una empresa se presenta fuera de plazo, es algo que pueden hacer las máquinas», detallan estas fuentes.
Sanciones importantes al trabajador
El nuevo objetivo sancionador del Ministerio de Trabajo -el retraso en las altas de los trabajadores-, tienen una sanción de hasta 6.250 euros -además del abono de la correspondiente prestación-, y hasta 10.000 euros/empleado en caso de que no el trabajador no esté dado de alta y lo detecte la Inspección.
Así, el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (LISOS) establece como infracción grave los casos en que la inspección de trabajo descubra este incumplimiento. «No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores afectados».
En estas situaciones se impondrá una multa por cada trabajador de entre 3.126 a 6.250 euros, en su grado mínimo; 6.251 a 8.000 euros, en su grado medio; y 8.001 a 10.000 euros, en su grado máximo. Esto sin tener en cuenta la actualización de las sanciones que Díaz va a implementar dentro del ministerio. Además, la multa podrá aumentar si se detectan varios trabajadores sin dar de alta hasta un 50% cuando sean cinco o más empleados afectados.
De no haber mediado actuación inspectora, la solicitud de alta de los trabajadores fuera del plazo se sanciona con multa de entre 626 y 1.250 euros en su grado mínimo; 1.251 a 3.125, en el medio; y de 3.126 a 6.250 en su grado máximo.
