Sobre el ex presidente de la entidad bancaria han caído muchos señalamientos en los que se destaca una contratación extraña de una empresa de seguridad
Por intermedio de una indagatoria llevada a cabo por parte de un juez de audiencia nacional, cuyo nombre es Joaquín Gadea, el ex consejero delegado de BBVA, Ángel Cano, ha advertido movimientos extraños por parte de Francisco González. El que por entonces fuera el presidente de la entidad recurrió por consejo de Julio Corrochano, jefe de seguridad en la contratación de CENYT, empresa de José Manuel Villarejo.
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El foco principal de estos contactos se dieron bajo el manto de duda que había nacido de algunas maniobras hostiles por parte de Sacyr que requirieron en su momento la planificación y posterior investigación. De hecho, en las declaraciones de Ángel Cano, la necesidad de contratación ha sido idea justa del presidente vigente en ese instante, apoyado en el criterio profesional de su jefe de seguridad, que ha acabado con la estampa de la firma y contratación de CENYT.
Fue esa voz directa entre Julio Corrochano y Cano que sirvió para acabar desarrollando la idea, que finalmente ha acabado en los juzgados a fin de continuar con la transparencia de la investigación. Entre Corrochano y González advierte que existía una relación bilateral, con momentos de esparcimiento fuera del contexto laboral que servían para definir los movimientos a ajustar. De hecho el mando de seguridad dio la orden de contratación por justificación de la presidencia, eliminando especulaciones de manipulación de terceros en esa toma final de decisiones.
La gran duda viene del lado económico y los pagos efectuados a la empresa de Villarejo
Aunque Cano defendió siempre su postura, resultó muy curioso determinar el por qué existieron movimientos financieros bastante extraños. De los pagos realizados se emiten 4 facturas por valor que asciende a 510.000 euros. De esas 4, 3 se realizaron el mismo día y por un valor fijo de 90.000 euros en el año 2004. Por ello Cano ha manifestado que esos movimientos superaron su alcance, desviando el cauce natural. Y es porque excedían el monto máximo permitido, lo que deja ver que esto debió ser ejecutado por el departamento de seguridad.
Así ha llegado al Centro de Costes de la Junta General de Accionistas, que ha sido definido con su rúbrica. El ex CEO denuncia que nunca estuvo de acuerdo con estos movimientos y deja en claro que este tipo de acciones debían estar amparados por el poder único de González y Corrochano. La investigación sigue, dejando a Corrochano como el siguiente objetivo que ha sumado más de 10 millones como pagos a su labor entre este y más contratos con la misma entidad.
