El Ministerio abre investigación contra Ryanair por el cobro irregular del equipaje de mano

Investigación a siete aerolíneas por presuntas prácticas irregulares

El Ministerio de Consumo ha iniciado una investigación sobre siete aerolíneas por el supuesto cobro indebido del equipaje de mano. Los grandes nombres de la industria de bajo coste, como Ryanair, Vueling, Easyjet, Volotea, Eurowings y Wizz Air, están en el foco de esta investigación. Las denuncias sobre estas prácticas se remontan al año 2018, realizadas por la entidad de consumidores Facua. Instituciones como la AESA, la CNMC y la Dirección General de Consumo de Baleares han explorado posibles acciones ilegales. 

Sin embargo, tras varios años, se ha decidido cerrar estos expedientes sancionadores para que sea el Ministerio quien imponga las multas, ya que cuenta con esta potestad desde mayo de 202. El departamento liderado por Alberto Garzón se encargará de examinar si estas prácticas son abusivas o desleales y si infringen la normativa de protección de los derechos de los pasajeros de forma generalizada.

Demanda a Ryanair por el cobro del equipaje de mano

Otras posibles irregularidades en la mira

La asociación de consumidores recuerda que la Ley de Navegación Aérea establece que «el transportista está obligado a transportar de forma gratuita en cabina, como equipaje de mano, los objetos y bultos que el viajero lleve consigo». Las únicas excepciones a esta regla están basadas en «razones de seguridad, vinculadas al peso o al tamaño del objeto en relación con las características de la aeronave».

Además de la cuestión del equipaje de mano, el Ministerio también investigará otras posibles irregularidades reportadas, como la asignación de un asiento específico. Se investigará si estas aerolíneas habrían obtenido posiciones privilegiadas en los motores de búsqueda y comparadores de vuelos online con precios muy inferiores a los que realmente termina pagando el consumidor.

Posibles multas para las aerolíneas investigadas

En consecuencia, las aerolíneas involucradas podrían enfrentarse a multas que van desde 10.000 hasta 100.000 euros, ya que esto constituiría una infracción grave de la normativa. No obstante, las sanciones pueden superar estas cifras hasta llegar a ser entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, o el 4% de su facturación anual.

Estas investigaciones y posibles multas podrían suponer un cambio significativo en la industria de las aerolíneas de bajo coste, puesto que es una forma de conseguir dinero sin que el consumidor se percate de ello.. Si se demuestra que estas compañías han infringido las normas, podría resultar en un cambio en sus prácticas y un mayor énfasis en la protección de los derechos de los consumidores.

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