Para el mandatario la compañía es la única con la potestad de realizar cambios en el sistema de cobro de arriendos en el país
La polémica por los cambios en el sistema de cobro de los arriendos en locales comerciales dentro de los aeropuertos considera a partir de la nueva normativa ciertos detalles. En ellos el estado nacional ha dado potestad absoluta a Aena, que es por elección la que tiene el control del tema. Sobre todo tras la instauración de la política de manejo que se ha aprobado el pasado 2 de octubre y que tiene un punto especial que es la elección por motivos corporativos.
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Y es que la operadora se ha acogido a ello y ha empezado a decidir de qué manera piensa ejecutar su plan. Eso establece que va a operar solo sobre algunos locales; no todos, lo que ha sido denunciado por algunos activistas sociales. Por tanto, Aena y el gobierno han declarado estarse ajustando perfectamente al cumplimiento de la legalidad vigente considerando acciones de interés individual como lo contempla la ley.
La modificación de los contratos de arrendamiento o cesión de local de negocio aplicará solo a aquellos que tomaron la decisión de firmar el acuerdo, y no en su totalidad como presiona Fernando Clavijo, un senador activo. Claramente un tema que ha dejado muchos vacíos pero que tiene su explicación en base al porcentaje de poder del estado en Aena, una de las organizaciones lideradas gracias al nivel accionario y de control que ella tienen. Ahora mismo un 51% que le da potestad global en este tipo de situaciones.
El cumplimiento de la ley no puede ser elegible por unos y otros reconoce la denuncia
Para el senador este tipo de cosas solo empañan el trabajo del gobierno y deja ver algunas falencias en detalles puntuales. Por tanto las enmiendas no pueden terminar en proyectos de ley y siendo aprobados por conveniencia. Algo a lo que ellos han preferido argumentar por estar dentro de los plazos y el terreno del cumplimiento. Ahora bien, el hecho de haber tramitando la devolución a todos aquellos operadores con los que no hay un proceso judicial demuestra realmente la postura y evidencia las estrategias de poder.
Un punto a detallar y que ha sido considerado dentro del término de inconstitucionalidad, aunque lamentablemente esto no puede ser certificado por los miembros de la oposición pues es el gobierno la única fuerza para determinar la definición de este hecho. En definitiva una polémica que dará para largo tiempo, pero que por el momento consciente aprobaciones y llega al punto alto de liberación por parte del gobierno Sánchez.
