La comisión parlamentaria para la sostenibilidad del sistema pensiones encara su recta final con los funcionarios y su jubilación
El Pacto de Toledo ha entrado en su recta final para llegar a un posible acuerdo en torno a las pensiones. El martes venció el plazo dado por la presidenta de la comisión, la socialista Magdalena Valerio, para que los grupos remitieran un informe con sus posiciones. Y ahora, la vista alcanza con que se blindará la jubilación de los funcionarios a los 60 años.
En este aspecto, la cuestión enfocaba a mantener la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas con 30 años de cotización, como profesores, militares de carrera, jueces, fiscales o funcionarios de la Administración Central. Actualmente, estos funcionarios pueden jubilarse voluntariamente una vez cumplidos los 60 años.
El Pacto de Toledo blindará la jubilación a los 60 años de los funcionarios con 30 años de cotización
Esto siempre que tengan reconocidos 30 años de servicios al Estado y hayan completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado. En el blindaje se hacía efectiva la integración del régimen de clases pasivas en el ministerio de Seguridad Social.
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Lo que hizo provocar un fuerte revuelo entre los funcionarios y los grupos políticos han recogido rápidamente el testigo. Mientras, esta nueva medida llega paralelamente a la postura de la Seguridad Social, que era abogar por introducir medidas que acerquen la edad real a la edad legal de jubilación para el resto de cotizantes, los 67 años.
Se busca dar la vuelta al déficit presupuestario de la Seguridad Social
En este sentido, con reforma que llevará a cabo el ministro Escrivá una vez recoja el mandato del Pacto de Toledo pivotará sobre seis puntos, principalmente, con los que se busca dar la vuelta al déficit presupuestario de la Seguridad Social, como explicó recientemente el ministro en relación con el Pacto de Toledo.
A su vez, la Segurdad Social, como organismo encargado de pagar las pensiones en nuestro país, este año alcanzará los 2 puntos porcentuales de PIB, unos 25.000 millones de euros. Todo ello será como parte de los cambios llevados en este final de recta hacia el Pacto de Toledo, comisión parlamentaria encaminada a asegurar la sostenibilidad del sistema pensiones español.
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