El ámbito inmobiliario, en ocasiones, deja historias que desafían la comprensión y la moral. En una reciente situación en Pamplona, una madre y su bebé se vieron desprovistos de techo debido a las acciones desconsideradas de una propietaria.
Las circunstancias del contrato
La historia comienza en el Casco Antiguo de Pamplona, un barrio cargado de historia. Aquí, en marzo de 2019, una mujer con su hijo de 8 meses se convierte en inquilina de un piso tras firmar un contrato que se extendería, tras una prórroga, por tres años.
Decisiones unilaterales y sus consecuencias
A pesar de tener un contrato vigente, la propietaria tomó medidas drásticas. Comunicó a la arrendataria que no renovaría el contrato debido a reformas en el inmueble. Esta decisión, no acorde a lo pactado, dejó a la inquilina en una situación comprometida. Decidió quedarse en la vivienda, manteniendo el pago del alquiler, mientras buscaba otro lugar adecuado para ella y su hijo.
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El 7 de junio, en una acción cargada de arbitrariedad, la propietaria, sin permiso ni aviso, alteró la cerradura de la vivienda. Imagínese el horror de la madre al intentar regresar a su hogar y encontrarse, de manera abrupta, sin acceso a su propio espacio y pertenencias.
Más allá del cambio de cerradura
Las acciones de la propietaria no se detuvieron allí. Pocos días después, se registró en el padrón municipal de esa dirección y, de manera aún más intrusiva, eliminó a la inquilina y su bebé del mismo. Sin remordimientos, se apropió de todas las pertenencias que estaban en el piso: un ordenador, una televisión, objetos personales y, dolorosamente, objetos pertenecientes al bebé.
A pesar de la denuncia y las acciones legales iniciadas por la inquilina, solo se recuperaron algunas pertenencias. Muchas de ellas, de valor sentimental incalculable, nunca fueron devueltas.
Justicia en acción
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado sentencia. La propietaria enfrenta ahora 4 años de prisión por sus acciones: dos años por hurto y otros dos por coacciones. Además, se ve obligada a compensar económicamente a la inquilina con 11.000 euros por daños y perjuicios.
Sin duda, este caso nos recuerda la importancia de la seguridad jurídica en cuestiones tan esenciales como la vivienda. La integridad y el bienestar de las personas deben estar por encima de decisiones unilaterales y actos impulsivos que vulneran derechos fundamentales.
